No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que en una época de crisis, como la que estamos viviendo, muchas empresas han aprovechado para echar el cierre o para no pagar regularmente a sus empleados, estén o no pasando dificultades. Esta situación ha provocado un aumento del número de conflictos laborales, incremento que sin duda tendrá sus repercusiones dentro de unos meses, cuando esos asuntos lleguen a los juzgados de lo Social.
Ante este panorama, el Gobierno de Canarias ha decidido centralizar estas dependencias en un local de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz, antes ocupado por la tienda Orly. Y según se ha comunicado a los magistrados jueces, lo limitado del recinto obligará a establecer un sistema de acceso por turnos: los usuarios y profesionales de la Administración Judicial tendrán que esperar en la vía pública a que les toque entrar.
En la actualidad hay 6 juzgados de lo Social con sede en Tenerife para cubrir toda la provincia occidental. Además, el personal de esas dependencias debe desplazarse al resto de islas periódicamente para celebrar juicios. De esos seis juzgados, cinco tienen su sede en el Palacio de Justicia (en la Avenida 3 de Mayo de Santa Cruz de Tenerife) y uno de ellos (creado en enero de este año) tiene su sede en un local situado frente al Centro Comercial Meridiano, en el edificio Wehbe, de esta capital.
Además, desde hace algunos meses se han creado dos nuevos juzgados de refuerzo o apoyo, que no son más que desdoblamientos de los juzgados de lo Social 1 y 2 (próximamente lo serán de los 3 y 4), que también tienen su sede frente al Meridiano (donde, por cierto, se comparte sala con los de lo Contencioso Administrativo). En resumen, en la práctica ahora mismo existen 8 juzgados de lo Social, 5 centralizados en un mismo edificio y 3 fuera del Palacio de Justicia.
Teniendo en cuenta que habitualmente se celebran el mismo día hasta 4 o 5 juicios a la vez en ambas sedes, las carreras de los profesionales del Derecho entre uno y otro lugar se hacen continuas, lo que da lugar a retrasos. A esto hay que añadir las habituales esperas para celebrar un juicio, en muchas ocasiones de más de dos horas. Este hecho no tendría mayor importancia, y podría incluso ser calificado de anécdota, si no fuera porque esta descentralización sólo afecta a la jurisdicción social y no a ninguna de las demás, que tienen sus juzgados perfectamente emplazados en el mismo espacio físico.
En el sector judicial no ha sentado muy bien el reciente anuncio de que a partir del día 15 de mayo de 2009 todos los Juzgados de lo Social se concentrarán en el local que hasta hace unas semanas ocupaba la tienda Orly en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz, justo al lado de la gasolinera Shell en la esquina con La Salle. Pero lo peor de todo es que, según informó la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso, en una reunión con los magistrados jueces de lo Social y el juez decano, en ese local irán ubicados hasta 8 juzgados sin separación física entre ellos (salvo alguna mampara o armario). Al sumarse las salas para celebrar juicios, no queda espacio para nada más.
¿En qué medida afectará esto a los ciudadanos y a los trabajadores de la Justicia? Pues según lo planteado por el Gobierno de Canarias, los profesionales, sus clientes, acompañantes, testigos y peritos, entre otros afectados, se verán obligados a esperar en la calle a ser llamados para su juicio. Para tratar de resolver este asunto, el Ejecutivo regional tiene previsto habilitar un toldo y un letrero luminoso en el que se anunciará el juicio que toca. De este modo, el acceso a las instalaciones se hará por turnos. El usuario de la Justicia tendrá que esperar durante horas en la vía pública.
Los propietarios del local recibirán, como ya ha recogido la prensa local, 72.000 euros mensuales en concepto de alquiler. A todo esto hay que sumar que, según las reiteradas denuncias de funcionarios y sindicatos, el recinto antes ocupado por Orly no tiene medidas de seguridad, salidas de emergencia, luz natural o ventilación. Además, parece que los funcionarios van a estar literalmente hacinados en su interior. ¿Qué opina de todo esto el Colegio de Abogados? Hasta ahora no se ha pronunciado.
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